Comunidad

Sentencia Negociada


12 de September de 2016, 19:09:51

La sentencia dictada por la Sala Superior del TEPJF en la impugnación electoral presentada por el PRI en contra de la validez de la elección de gobernador es, sin duda alguna, una de tantas 'sentencias políticas’ en la que la parcialidad de los tribunales es evidente y manifiesta. La actitud del Gobernador electo, Javier Corral, así lo confirma: otorgó su aval a la bursatilización que tanto criticó, el reconocimiento expreso de que las negociaciones son parte de agenda política y, en especial, su declaración de ser un orgulloso ‘Galileo’.

Sólo así se explica el por qué la Sala Superior declaró infundados e inoperantes los agravios expresados por el ‘ejército’ de abogados, comandados por el líder estatal del PRI. Veamos, los criterios adoptados por los magistrados electorales en cuanto al alegato de la invasión competencial del INE en la organización de los comicios locales: “Se consideran infundados los conceptos de agravio en los cuales los actores aducen que la autoridad responsable omitió resolver de manera debida sobre la supuesta invasión de competencia del INE, con respecto a las atribuciones previstas para el IEE”.


“Se arriba a la anotada conclusión, en razón de que el TEE expuso las razones jurídicas por las cuales consideró que la normativa electoral (aplicable) establece una clara distribución competencial entre el INE y el IEE, lo que es conforme a derecho su determinación, entre otros aspectos, con relación a que el INE está constitucionalmente facultado para emitir lineamientos y ejercer la facultad de atracción, así como la de suscribir convenios con los institutos electorales de las entidades federativas, conforme a lo previsto en el artículo 41 constitucional”

El concepto de agravio relativo a que la aplicación del convenio de colaboración suscrito entre el INE y el IEE, conlleva la modificación de normas jurídicas fundamentales que provocan la violación al principio de certeza debido a que se anula el marco normativo electoral local en pleno proceso electoral, violando con ello el Art. 105 Constitucional. La postura de la Sala Superior fue la siguiente:

“Es preciso destacar que la mencionada prohibición sólo es aplicable a las normas generales, entendidas éstas como leyes ordinarias expedidas por los órganos legislativos, así como los tratados internacionales, respecto de las cuales, resulta procedente la acción de inconstitucionalidad, cuya resolución compete a la SCJN. Sin embargo, del contenido de dicha disposición constitucional, se advierte un fin común consistente en evitar que se emitan o modifiquen normas jurídicas, una vez iniciado el procedimiento electoral de que se trate y que pudiera poner en riesgo su adecuado desarrollo”.

“…lo infundado del concepto de agravio radica en que además de no tener la naturaleza de leyes, los aludidos actos jurídicos emitidos por el INE tampoco son normas que establezcan modificaciones fundamentales, sino que su naturaleza jurídica consiste en instrumentos normativos cuya emisión tiene sustento en el 41 constitucional”.

“De lo expuesto, se constata que el contenido de los acuerdos emitidos por el INE y del citado convenio no versan sobre aspectos fundamentales de la renovación periódica de los poderes Ejecutivo y Legislativo o de los integrantes de los diversos ayuntamientos en Chihuahua; tampoco modifican los requisitos y procedimientos de constitución de partidos políticos; ni mucho menos alteran los elementos necesarios que utilizan los institutos políticos para poder desarrollar su correcta actuación, ni incide en el modo en que deban participar los candidatos independientes.

En lenguaje popular, la Sala Superior evade el análisis de los agravios priistas, limitándose a validar al ‘Frankenstein’ electoral y reiterar que los llamados OPLE’s son meros títeres del INE. Así las cosas, en los comicios concurrentes del 2018, habremos de repetir esta aberrante experiencia. ¿Y la autonomía de los Estados? Bien, gracias por preguntar…

EL NUEVO CRITERIO:

Para la Sala Superior los únicos elementos que son de trascendental importancia al régimen electoral mexicano, son los siguientes:

a) La renovación periódica de los despositarios de los Poderes Legislativos y Ejecutivo, así como de los integrantes de los ayuntamientos, pues respecto a esta actividad recae el objeto del régimen electoral.

b) Los partidos políticos, porque a través de esas entidades de interés público, entre otros fines, se promueve la participación del pueblo en la vida democrática del país, y se hace posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público.

c) Los elementos necesarios para que los partidos lleven a cabo sus actividades, entre los que se está, el financiamiento público, ya que a través de él, se busca la independencia de los institutos políticos respecto a presiones corporativas o ilegales que podrían proceder de centros o grupos de poder económico, social e institucional, para lo cual el Estado dota a estas entidades de interés público de recursos financieros, por vías transparentes y fórmulas predeterminadas, de manera tal que no se obstaculicen la labor que tienen encomendada.

d) La candidatura independiente, reconocido como un derecho fundamental de todos ciudadanos mexicanos para poder ser votado para todos los cargos de elección popular, cumpliendo las calidades que establezca ley, sin necesidad de ser postulados por un partido político.

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