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Reparto de "Pluris"


16 de August de 2016, 16:08:17

En días pasados, el gobernador electo Javier Corral reiteró una de sus propuestas de campaña: promover una reforma integral a la Constitución del Estado, dando un plazo fatal para presentar la iniciativa de reforma constitucional en el mes de junio de 2017. Semejante pretensión, no deja de ser un despropósito mayúsculo que hay que señalar oportunamente.

En efecto, tomando en cuenta que el proceso electoral federal para elegir al presidente de la República y a los 628 integrantes del Congreso de la Unión inicia la primera semana de septiembre del 2017, las nuevas reglas electorales deberán estar listas a más tardar tres meses antes. Además, en la eventualidad de que el proceso electoral local, inicie a la par que el federal, la nueva Legislatura local deberá aprobar la reforma electoral a más tardar en junio del 2017.
Luego, Javier Corral está obligado a dar a conocer su proyecto de reforma electoral a la brevedad posible. Y esperar a que concluyan los comicios, federal y local, para promover su reforma integral; es decir, el calendario electoral 2017-2018 será el motivo por el cual sea imposible que el Constituyente local apruebe la reforma integral constitucional en un solo decreto; en consecuencia, dicha reforma integral deberá ser aprobada en etapas sucesivas, y estará condicionada a que el PAN conserve la mayoría en el Congreso del Estado.
Mientras tanto, las impugnaciones en contra de la asignación de diputados ‘pluris’ ya están elaboradas y listas para su firma. Como ya lo señalé en pasadas colaboraciones, el argumento central consiste en que los convenios de candidaturas comunes –celebradas entre el PRI, el PANAL, el PVEM y el PT– constituyen no sólo un descarado e impúdico fraude a la ley, sino además, violentan el principio constitucional de elecciones auténticas.
La interrogante en esta ocasión, es la siguiente: ¿Cuál será la postura que asuma Guillermo Dowell? A quien ya sus detractores le han endilgado el apodo de “el terco impugnador”. La pregunta tiene sentido porque en esta ocasión, no será el líder estatal del PRI quien impugne, sino los mini-partidos afectados (Movimiento Ciudadano y el PES). Circunstancia que permite a los partidos que suscribieron los convenios de candidaturas comunes participar como terceros interesados.
El tema es por demás interesante: si el TEE o la Sala Superior del TEPJF dejan sin efecto dichos convenios leoninos, el PRI podría ‘recuperar’ la votación que, dolosamente, regaló a los partidos ‘rémoras’ con el afán de arrebatarle diputados al PAN. Con ello, podría tener derecho a que el IEE le asigne hasta tres diputados ‘pluris’; y adicionalmente, acceder a más financiamiento público. A su vez, el PVEM y el PT no tendrán derecho a participar en el procedimiento de asignación y, por ende, no recibirían financiamiento público estatal.
Por otra parte, habrán de presentarse sendos juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano para impugnar la asignación alternada de los diputados ‘pluris’ en la que participan los mejores candidatos perdedores. Al respecto, existe una tesis de jurisprudencia en la que se precisa que cualquier precepto que autorice “para optar por un registro previo en el que se definan los nombres de los candidatos, o por los mejores porcentajes de sus candidatos uninominales que no obtuvieron el triunfo en su distrito o, incluso, por un sistema que conjugue los dos anteriores, integrándose la lista, en este último caso, con la mitad de las opciones antes mencionadas, de forma alternativa, comenzando con los candidatos de las listas previamente registradas”, es notoriamente inconstitucional.
Lo anterior, “ya que el voto ciudadano sería indeterminado, puesto que su efecto dependería de factores diversos a la voluntad del sufragante”. En consecuencia, resulta obvio que la asignación alternada de ‘pluris’ que establece la legislación electoral de Chihuahua contraviene el principio rector de certeza electoral.

 

 

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